Artículo de María Pilar García-Guadilla* La autora es Profesora Titular e Investigadora de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Esta contribución es el extracto revisado del artículo más extenso aparecido en la Revista de Economía y Ciencias Sociales (FACES-UCV) con el título “Ecosocialismo del Siglo XXI y Modelo de Desarrollo Bolivariano: los mitos de la sustentabilidad ambiental y de la democracia participativa en Venezuela”, 2009, vol. 15, Nº 1, pp.187-223
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Venezuela es un país de economía minero-extractiva cuyo modelo de desarrollo se ha basado en la explotación del petróleo y de otros recursos naturales no renovables que ocasionan fuertes impactos en el medio ambiente. Hace más de una década, algunos investigadores (García-Guadilla y colaboradores, 1997) cuestionaron fuertemente la sustentabilidad del Modelo de Desarrollo existente en los años noventas bajo las presidencias de C. A. Pérez y de R. Caldera. En la década 1999-2009, el gobierno ha responsabilizado al “capitalismo salvaje y a las políticas neoliberales” y en consecuencia, a la propiedad y explotación privada de los recursos naturales, por los problemas ambientales a pesar que la actual explotación de esos recursos y el diseño de las políticas económicas que fundamentan el llamado Modelo de Desarrollo Bolivariano reproducen las prácticas tildadas de “neoliberales o de capitalismo salvaje”, generando impactos negativos ambientales tan fuertes o mayores que en el pasado.
En la década 1999-2009, los conflictos y movilizaciones ambientales por demandas materialistas y postmaterialistas han tenido como actores a organizaciones ambientalistas, a comunidades indígenas, a sectores populares e incluso a organizaciones de derechos humanos, siendo su bandera de lucha la Constitución de 1999, aprobada mediante un Proceso Constituyente que incorporó la democracia participativa y los derechos ambientales, socio-culturales e indígenas entre otros (García-Guadilla, 2001). Muchos de estos derechos han estado vulnerándose y la democracia participativa no se ha plasmado en una democracia ambiental a la hora de resolver los conflictos ambientales, los cuales se han multiplicado desde que Hugo Chávez ascendió a la Presidencia de la República.
Memorial de agravios
Algunos de los conflictos socio-ambientales más significativos de esta década en Venezuela tienen que ver con los impactos negativos de la explotación del petróleo y la minería y con los posibles impactos negativos asociados a los megaproyectos energéticos propuestos, tanto a nivel nacional como internacional, para supuestamente reducir la dependencia de Estados Unidos y lograr la integración de América Latina y el Caribe mediante la hoy denominada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
El Modelo de Desarrollo Bolivariano ha sido definido discursivamente por los voceros gubernamentales incluyendo al Presidente Chávez como “sustentable, endógeno, equitativo y participativo” (Fergusson s/f; Francia 2007; Pérez, s/f; Velasco, 2005,2007; Ministerio de Ciencia y Tecnología s/f). La oferta electoral que hiciera en 1998 el entonces candidato presidencial Hugo Chávez, de apoyar las luchas que venían dado los ambientalistas e indígenas en torno a los conflictos existentes para el momento junto con su discurso de sustentabilidad ambiental y las críticas al “neoliberalismo y al capitalismo salvaje”, crearon la expectativa entre los movimientos sociales que si llegaba a la presidencia se instauraría una visión ambiental mas cónsona con un desarrollo sustentable.
Sin embargo, tales expectativas fueron frustradas pues de acuerdo con el anuncio que en el año 2005 hiciera el Presidente Chávez, se contempla duplicar la producción petrolera para el 2012 mediante su explotación a lo largo de 500.000 km² de la plataforma marina y de más de 500.000 km² en tierra firme, mas la construcción de nuevas refinerías y del complejo gasífero del Golfo de Paria. Otras actividades incluidas en esos planes de desarrollo son la explotación minera en la Reserva Forestal de Imataca, el aumento sustantivo en la extracción de carbón en la Sierra de Perijá y el incremento en la producción de hidroelectricidad para exportar a Brasil mediante el Tendido Eléctrico. La crisis económica junto con la ineficiencia gubernamental han retrasado o paralizado tales planes, pero de concretarse se afectará prácticamente todo el territorio, inclusive zonas que están hoy protegidas ambientalmente por las leyes y la Constitución tales como el Parque Nacional Canaima donde se encuentra la Gran Sabana, la Reserva Forestal de Imataca y las cuencas de los principales ríos. Estos planes reflejan una continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores tildados por el Presidente Chávez de “neoliberales, capitalistas y depredadores del ambiente”.
En cuanto a la región caribeña y suramericana, Venezuela es uno de doce países miembros de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que contempla 507 proyectos de gran impacto ambiental y sociocultural distribuidos en diez ejes de desarrollo, que suponen la construcción de grandes obras de infraestructura (vías de comunicación y transporte, carreteras, represas, gasoductos e hidrovías) a lo largo y ancho de América del Sur (AMIGRANSA, 2005). El megaplan Gran Gasoducto del Sur, uno de los proyectos más importantes para lograr la integración energética de Venezuela con Brasil y Argentina entre otros países y base del ALBA, requiere atravesar 8.000 kilómetros, por lo que se afectarían zonas sumamente frágiles y biodiversas que según algunos investigadores constituyen las últimas reservas ambientales que existen en América Latina. Al igual que en el caso anterior, estos megaplanes se encuentran paralizados o retrasados en su ejecución debido a la crisis económica, pero de activarse sus efectos negativos sobre el ambiente pudieran compararse con los del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), contendora ideológica del ALBA.
Resistencia más allá de los discursos
El modelo de desarrollo basado en la explotación de los hidrocarburos que el gobierno venezolano ha propuesto a nivel nacional, para los países que forman parte del ALBA y para la región suramericana y caribeña que participa en el IIRSA ha sido fuertemente cuestionado por los movimientos ambientalista, indígena y de derechos humanos debido a los impactos ambientales y socio-culturales a gran escala que generarán. En los distintos debates sobre el tema realizados en el Foro Social Mundial realizado de Caracas en enero de 2006, los movimientos sociales indígenas y ambientalistas de Venezuela y del mundo expresaron fuertes críticas contra los efectos negativos de la explotación de hidrocarburos, siendo la movilización más grande del Foro la marcha contra la explotación y expansión de los desarrollos carboníferos de la Sierra de Perijá, a favor de la vida, el ambiente, la identidad cultural y, en general, los derechos sancionados en la Constitución Bolivariana de 1999 (Soberania.org.ve, 2006). En la actualidad, son frecuentes las movilizaciones contra los efectos negativos del petróleo y gas en Ecuador y Venezuela y los cuestionamientos a través de redes ambientales digitales nacionales e internacionales tales como oilwatch.org., maippa.org., soberanía.org y amigransa.blogia.com, ya que estas redes electrónicas constituyen espacios privilegiados y globalizados de resistencia contra los impactos negativos de la explotación petrolífera y gasífera en los países tropicales.
En Venezuela al igual que en todo el mundo globalizado, la lógica detrás de los movimientos sociales es enfrentar “la política de corte neoliberal” independientemente de que el gobierno tenga un “discurso antineoliberal” lo que significa que el Modelo de Desarrollo Bolivariano, al igual que el de otros gobiernos que se denominan de izquierda, puede generar resistencia y movilización por parte de tales movimientos los cuales demandan no solo valores materialistas sino también el respeto a los derechos humanos, a la cultura propia, a la equidad de género y a un ambiente sano. Por tanto, no pueden ser entendidos exclusivamente de acuerdo con la lógica neoliberal o antineoliberal porque ambas pueden ir en contra de la promoción de estos valores.
En el caso de Venezuela, tales movimientos de resistencia y propuestas pueden provenir tanto de adentro como de afuera del chavismo pues dada la gran heterogeneidad ideológica de los grupos que apoyan al presidente Chávez y dada la falta de un proyecto ideológico claro y compartido al interior del movimiento chavista, pueden tejerse estrategias y delinearse políticas ambientales que no necesariamente tengan como referentes al neoliberalismo o al antineoliberalismo. Este pudiera ser el caso de los movimientos sociales ambientalistas e indígenas venezolanos que si bien son antineoliberales por definición y muchos de sus miembros apoyan al Presidente Chávez, trascienden tal dicotomía en la medida que cuestionan el modelo civilizatorio y demandan la transformación de la racionalidad política, cultural, de género, social y ambiental.
Hasta el momento, la gran heterogeneidad ideológica y las diferencias de clase social que existen entre los ambientalistas ha dificultado la formulación de propuestas colectivas y ha contribuido al distanciamiento entre los diferentes movimiento sociales que en el pasado se articularon alrededor de las alianzas estratégicas de los ambientalistas. Todo ello parece haber influido para que el movimiento ambientalista ampliado que incluye al movimiento indígena y de derechos humanos haya perdido poder (García-Guadilla y Lagorio, 2006): la falta una lectura objetiva sobre la crisis socio-ambiental y la carencia de articulaciones estratégicas alrededor de propuestas colectivas de carácter alternativo vinculadas con sus identidades y respaldadas constitucionalmente han contribuido a ello. Si bien las alianzas ideológicas resultan poco realistas dada la gran heterogeneidad y polarización existente; las protestas contra un modelo depredador que ocasiona elevados impactos negativos en el medio ambiente y las propuestas para “construir los nuevos significados, lenguajes y símbolos” del nuevo modelo civilizatorio posible pudieran canalizarse mediante la movilización, virtual o real, y mediante nuevas formas de resistencia en las comunidades.
Por un Ecosocialismo consecuente
El discurso antineoliberal del Modelo de Desarrollo Bolivariano puede ser un primer paso para la instrumentación de un modelo más justo; sin embargo, la racionalidad implícita en los planes y políticas de desarrollo previstos dentro del Ecosocialismo del Siglo XXI en Venezuela atenta contra ello pues no ha cambiado la lógica productivista, instrumental y desarrollista. Además, la concepción de transformación revolucionaria implícita en tal modelo no es diferente a la de los años ‘60 y en todo caso sus lineamientos vienen desde arriba. ¿Se puede hablar de justicia, equidad social y solidaridad cuando el modelo de desarrollo no toma en cuenta la dimensión ambiental o la equidad intergeneracional?; ¿cuando sacrifica el bienestar y el derecho a la identidad cultural de sus comunidades indígenas en aras del desarrollo económico o de una integración latinoamericana que trasciende las expectativas de bienestar de los actores nacionales?; ¿cuando no reconoce el impacto negativo que tienen los megaproyectos que se diseñan (llámense éstos gasoductos, oleoductos o grandes obras de infraestructura) y cuyos costos económicos, socio-culturales y ambientales se invisibilizan en aras de una nueva visión sobre la integración latinoamericana?; ¿puede hablarse de un modelo revolucionario que no estimule prácticas y relaciones más equitativas con el ambiente, con sus comunidades y con las generaciones futuras?
La construcción del Ecosocialismo del Siglo XXI en Venezuela pasa, en primer lugar, por superar la profunda brecha que existe entre el discurso y la realidad del modelo de desarrollo; en segundo lugar, requiere que el modelo civilizatorio deseable sea construido colectivamente y no venga impuesto desde arriba como ocurre en la actualidad y; finalmente, que su fuente de inspiración sea la transición hacia una sociedad postpetrolera, tal como la visionó Salvador De La Plaza, eminente historiador y político venezolano, quien alertó sobre los efectos nocivos del petróleo y la necesidad de controlarlos para lograr la soberanía nacional e implícitamente destacó que para que la actividad petrolera sea sustentable ambientalmente se requiere que tanto los beneficios como los costos ambientales que derivan de la explotación de los hidrocarburos están contemplados en la “contabilidad” no solo económica sino también socioambiental y cultural.
Esta visión no es muy diferente de la de Kovel y Lowry (2002), quienes en el Manifiesto Ecosocialista señalan que una sociedad con un alto grado de armonía con la naturaleza debería llevar a “la extinción de la dependencia de los combustibles fósiles”, los cuales considera como consustanciales al capitalismo industrial. Eliminar tal dependencia “puede proporcionar la base material para la liberación de los países oprimidos por el imperialismo del petróleo” y reducir el calentamiento global y otros problemas que se desprenden de la crisis ecológica.
