Martes, 1 de junio del 2010 ÁNGEL BERMÚDEZ -CARACAS - EL PERIODICO CONTROVERTIDA ACTUACIÓN DEL EJECUTIVO DE HUGO CHÁVEZ
¿Santo o loco?
La familia de Franklin Brito, un agricultor venezolano en huelga de hambre, denuncia que el Gobierno lo retiene en el hospital
Inició la protesta para recuperar sus tierrasEl sábado, el agricultor Franklin Brito fue trasladado a la uci del Hospital Militar de Caracas, consumido por tres meses de huelga de hambre. Desde el pasado 13 de diciembre estaba recluido en una habitación del mismo hospital, custodiada por agentes de la Guardia Nacional y de la que no se le permitía salir. No ha cometido ningún delito y, paradójicamente, tampoco estaba recibiendo ningún tratamiento de salud. Su familia afirma que está secuestrado por el Gobierno venezolano.
Brito, en el 2005, tras cortarse un dedo meñique. AFP
Su traslado al centro hospitalario ocurrió de madrugada, cuando la policía se presentó en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Brito no pudo ofrecer resistencia. Su cuerpo estaba demasiado debilitado por la huelga de hambre iniciada casi seis meses atrás, el 1 de julio, y que solo había interrumpido menos de una semana a comienzos de diciembre pues creía que finalmente sus demandas iban a ser satisfechas. Fue una vana esperanza, como otras anteriores por las que también levantó algunas de las nueve huelgas de hambre realizadas desde el 2004. La última la mantiene desde el pasado 1 de marzo, a pesar del precario estado de su salud, tras el descenso de su peso corporal de 98 kilos a tan solo 48.
La reclusión forzosa en el Hospital Militar fue ordenada por un tribunal con el supuesto objetivo de proteger la vida del agricultor. La medida fue solicitada por la fiscala general, Luisa Ortega Díaz, quien afirmó que Brito está incapacitado mentalmente para tomar decisiones. En declaraciones a la prensa, el agricultor ha respondido que, de nueve pruebas psicológicas, solo una ha dado resultados desfavorables. Su esposa, Elena Rodríguez, defiende la salud mental de su marido y denuncia esos ataques como una estrategia para desvirtuar su lucha.
El calvario del matrimonio Brito se inició en el 2002, cuando tras un conflicto con el alcalde del municipio de Sucre (estado de Bolívar, al sureste de Caracas) perdieron el acceso a su finca, que fue invadida después de que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) otorgara a otros ciudadanos documentos que acreditaban la propiedad de una parte de sus posesiones. Además, ambos fueron despedidos injustificadamente de sus empleos en entidades públicas.
Autoamputación de un dedo
Tras un infructuoso peregrinar por instituciones del Estado para procurarse justicia, Brito inició su primera huelga de hambre en noviembre del 2004. Su caso alcanzó notoriedad un año más tarde cuando, durante su segunda huelga, se amputó el dedo meñique de la mano izquierda frente a las cámaras de televisión para lograr la atención de Hugo Chávez. Tres días más tarde, el mandatario ordenó en su programa Aló, presidente que el caso fuera atendido y resuelto.
Los despidos fueron reconocidos como injustificados, se puso fin a la invasión de la finca y funcionarios del Estado les ofrecieron dinero, maquinaria y semillas, sin lograr solucionar el conflicto.
¿Qué ha faltado para lograr un acuerdo? Según Elena Rodríguez, el Gobierno ha recurrido a la vía de los hechos pero no del derecho, al ofrecerles estos beneficios sin reconocer el daño y haciendo uso de mecanismos poco ortodoxos para indemnizarlos. Explica que recibieron un tractor nuevo, sin factura ni respaldo legal.
«Lo presentaron primero como un crédito, que nosotros nunca solicitamos, y luego como una cesión en comodato [con obligación de restitución]. El Gobierno trató de resolver el problema, pero de manera corrupta. No estamos diciendo que estamos en desacuerdo con lo que nos han ofrecido, sino con la manera como lo han hecho. Simplemente pedimos al Gobierno que lo haga de una manera legal», afirma la esposa de Brito.
Anulación de documentos
En el centro de la disputa se mantiene el tema de las cartas agrarias, los documentos con los que el INTI otorgó a terceros la propiedad sobre una porción de la finca de la familia Brito y cuya anulación definitiva exigen para garantizar que sus tierras no vuelvan a ser invadidas.
Mientras la sociedad venezolana se pregunta si Franklin Brito es un santo o un loco, él persiste, jugándose la vida en su desigual lucha contra el Estado. Su familia, que le apoya, ha terminado recibiendo cobijo en una institución de monjas. Aunque las eventuales indemnizaciones pueden ser millonarias, su esposa lo tiene claro: «No exigimos ni más ni menos de lo que nos corresponde. No se trata de una cuestión material sino de honor, de dignidad, de justicia».